El mal no puede erradicar el mal, solo la transparencia y la honestidad en la gestión de la cosa pública puede erradicar la injusticia, la marginación. El caso de Yunda es emblemático porque hay dos lecturas que podrían, según quien analiza, aplicarse.
- Un alcalde que quiere erradicar la injusticia, la marginación, no puede darse el lujo de permitir que su hijo tenga incidencia en muchas de las cosas que pasan en el municipio. El solo hecho de que existan esas conversaciones inapropiadas ya descalifica su gestión, si alguna de esas conversaciones llega a ser verdadera, que parece que si, la decencia obliga a renunciar y la sociedad debe exigir decencia, no callar.
- El principio de presunción de inocencia señala que se presume la inocencia de toda persona mientras su culpabilidad no sea debidamente probada. Yunda aún no ha sido sentenciado y mientras eso no ocurra, no se puede legalmente, establecer una sanción.
No cabe una sanción legal, pero si una moral, el problema consiste en que la sociedad ha abusado de las dos instancias: ha abusado del juicio moral utilizado muchas veces como herramienta de linchamiento mediático y persecución; y, ha abusado también del principio de presunción de inocencia que les ha permitido defenderse desde el poder, “por que así es más fácil”.
Dado el alcance del escándalo y entendiendo que lo filtrado hasta el momento es verdad, cabe un juicio moral, cabe pedir una renuncia.
Dicho esto, es necesario también señalar que todas las autoridades deben ser medidas con la misma vara, con el mismo medidor social, sin preferencias. El juicio social siempre está matizado por la opinión pública (publicada), juzgar de manera distinta a dos autoridades que han hecho más o menos lo mismo, debido al direccionamiento de la prensa solo hace una cosa: distorsiona el medidor social, nos convierte en una sociedad injusta, hipócrita y permisiva con las transgresiones que nos convienen.
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